El dilema de otra reforma pensional

El asunto vuelve a cobrar importancia. Gremios dicen que es urgente, pero los sindicatos consideran que no es necesaria. Polémica.

Por: Sharon Ramírez ColprensaDomingo, Noviembre 6, 2011

En Colombia se destinan anualmente cerca de $25 billones para los pagos en el sistema público de pensiones, y eso corresponde a más del 100% del recaudo anual de IVA.

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Con los últimos pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría sobre una próxima reforma pensional, las dudas sobre sus alcances y beneficios ya empiezan a generar discusiones. Aún no hay una propuesta concreta, pero ya los sectores interesados comenzaron a pronunciarse.

De acuerdo con Santos, la reforma es un hecho, pues es necesaria. Por su parte, Santamaría —quien pasará a la cartera de salud— asegura que el tema será llevado a una mesa de concertación en la que participarán representantes de trabajadores, académicos, empresarios y otros sectores.

Para el Gobierno, es importante actuar con responsabilidad para mejorar un sistema (régimen de prima media) que actualmente cuenta con un millón 100 mil pensionados que absorbe $25 billones cada año, equivalente a todo lo que se recauda por el Impuesto al Valor Agregado, IVA.

El actual régimen pensional, según el Ministerio de Hacienda, tiene una cobertura muy pobre, pues sólo una de cuatro personas mayores de 60 años logra alcanzar una pensión.

“Uno pensaría que para los distintos rangos de edades estas coberturas deberían ser cercanas al 100% y que todos los colombianos deberían cotizar a algún régimen, pero no lo están haciendo”, asegura por su parte el viceministro técnico de Hacienda, Rodrigo Suescún.

Respondiendo a esta preocupación, el Consejo Privado de Competitividad de Colombia, CPC, propuso incrementar e igualar las edades de jubilación para hombres y mujeres, elevar el monto de los aportes y el número de semanas cotizadas. Ello supone marchitar al ISS, pero evitando que ingresen más afiliados, aunque atendiendo las mesadas de los actuales hasta su muerte.

Además, según el CPC, se deben limitar las pensiones más altas que existen en el país, incluso para aquellos que ya están jubilados.

En este último punto coincide el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, al advertir que la deuda pública pensional está aumentando, lo que produce que “el sistema público esté subsidiando a los ricos cuando debería ser un pilar solidario con los pobres”.

El economista afirma que la mayoría de colombianos devenga menos de dos salarios mínimos, es decir, que los subsidios se deberían encaminar a las personas que no tienen capacidad de cotizar y que sería oportuno que se fomente el ahorro entre los trabajadores informales.

Se calienta el debate

Para el analista Carlos Amador, gerente financiero de Deloitte, “tal y como lo ha dicho el Gobierno Nacional, sí se requieren ajustes al actual sistema, sobre todo en la unificación final de los dos regímenes (Prima Media, que recibe subsidios pagados por la Nación, y el de Ahorro Individual, administrado por los fondos privados de pensiones, AFP).

Ello, anota, “sin olvidar que se están presentando descompensaciones en los beneficios de los actuales derechos pensionales”.

Dice que sí es conveniente igualar o incrementar las edades, pues ha aumentado la expectativa de vida de las personas, “De hecho hay una gran parte de la población que es mayor de 60 años y esto significa un ahorro que se logra a través de un período de aportes más largo, que además se vería reflejado en un aumento del número de semanas”.

Pese a la urgencia de un nuevo revolcón pensional, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), no está de acuerdo con las propuestas. Según el dirigente sindical, la salida al problema pensional no es una nueva reforma, sino una reestructuración a fondo de la política de empleo.

“El país no necesita y no es indispensable una nueva reforma pensional. El problema no es de edad ni del monto de las pensiones, lo que hay que hacer es formalizar el trabajo en Colombia”, recalca Gómez. A cambio, dice “hay que aumentar el número de contribuyentes a salud, a pensiones, a riesgos profesionales, el desmonte de las cooperativas de trabajo asociado y el sistema de contratistas. Estas sí serían formas de resolver el tema”.

En vez de una reforma, la CGT propone que por cada barril de petróleo explotado se destinen dos dólares a un fondo de solidaridad pensional, para atender a aquellos colombianos que nunca han trabajado formalmente y no tienen posibilidad de pensionarse. Además plantea “que si una pareja no puede acceder a la pensión, se reconozca al menos una mesada por la acumulación de las semanas cotizadas por ambos”.

Como están las cosas, el debate pensional promete ser uno de los más duros y complejos en el Congreso de la República en el 2012, aunque todavía el Gobierno no ha dado el salto presentando una reforma de la cual se habla mucho, pero no hay nada concreto.

Las mesadas escandalosas

El debate va más allá. El propio presidente Santos puso el do en la llaga al asegurar que hay sectores de la rama judicial que “se están poniendo sus propias pensiones y éstas son realmente escandalosas”.

Por esa razón hizo un llamado para acabar con el subsidio de pensión para aquellos que no lo necesitan.

Pero la respuesta de los presidentes de las Altas Cortes no tardaron. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, dijo que las pensiones de todos los funcionarios judiciales “se acomodan a las leyes dictadas por el Congreso de la República”.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, no se mostró en desacuerdo con la posición del Jefe de Estado, pero aclaró que “no solamente la rama judicial tiene pensiones exageradas, ya que también ocurre en todos los sectores donde se aplican regímenes especiales”.

Hace pocos días varios medios de comunicación denunciaron que algunos servidores públicos lograron altas pensiones acudiendo a los juzgados.

Por ejemplo, algunas de estas personas tenían pensiones por $13.375.000 al mes y acudiendo a tutelas y otras herramientas hoy reciben mesadas de hasta $25 millones, en aplicación de diferentes regímenes.

Esto, como lo advirtió el presidente Juan Manuel Santos, podría costarle al país entre $11 billones y $20 billones, lo que pone en riesgo el sistema pensional
Sólo el Instituto de Seguros Sociales tiene en su nómina a 74 de estos jubilados privilegiados que le cuestan $14.400 millones al año