temas de pensión
Amable lector: Deseo compartir con usted el Derecho de Petición que hace poco dirigí al representante legal del ISS y que dice así: Durante los últimos meses se ha conocido por los diferentes medios de comunicación, los abusos que se están presentando al determinar el monto de las pensiones de jubilación. En el pasado también se hizo referencia a situaciones similares.
Si dichas denuncias son ciertas, deben ser conocidas, no solo por quienes contribuyen con sus impuestos, sino por todas aquellas personas, que a pesar de sus achaques, se les somete a recorrer una y otra vez, de oficina en oficina, por meses y con frecuencia por años, para que se les reconozca el pago de una pensión mínima. Algunos nunca logran colmar tan justo derecho.
Con el único propósito de crear una conciencia nacional sobre tan delicado problema, considero de especial importancia dar a conocer de manera veraz, la mayor información acerca de las personas que hoy disfrutan de pingües mesadas pensionales, cuando la gran mayoría recibe sumas ínfimas.
Es por ello que solicito lo siguiente:
a) Los nombres, apellidos y cédulas de las 1.200 personas que durante el año 2011 recibieron las mayores pensiones de jubilación del Estado Colombiano. Ojalá clasificadas de mayor a menor. No deben figurar las que ingresaron en el transcurso del año 2011.
b) Informar la identidad de las 120 personas que durante el año 2011 comenzaron a recibir las pensiones mensuales más altas y su valor.
c) Fecha a partir de la cual están pensionados, los años de servicio acreditados y el último cargo desempeñado. Si fuere posible anotar el último salario mensual y el que tenían un año antes.
d) Identificar la profesión de quienes tengan título expedido por una universidad colombiana.
Supongo que gracias a la gran facilidad que existe hoy para obtener informaciones como éstas, será posible recibir una pronta respuesta.
Un poco más tarde y para mayor objetividad en este análisis, en forma comedida pido que se haga una breve biografía de cada uno de los beneficiarios, sin exceder de sesenta palabras, salvo que por la importancia de algunos se considere que debe ser más extensa.
En fecha próxima me ocuparé de solicitar información adicional sobre este particular, sin exceder los límites de la simplicidad y facilidad, para atender lo demandado.
Si la respuesta a este escrito corresponde total o parcial a otras entidades del Estado, en forma encarecida le pido enviarlo a quien corresponda, o en su defecto a quien debe ser dirigido.
Poco después de enviar este documento, le pregunté a la tía Jesusita qué opinión tenía sobre lo expresado por la Ministra de Relaciones Exteriores, que dijo: "Donde hay un hombre hay prostitución". Ella me respondió que no es fácil juzgar a las personas por lo que dicen, pues es posible que en su mundo ella tenga la razón.}
Si dichas denuncias son ciertas, deben ser conocidas, no solo por quienes contribuyen con sus impuestos, sino por todas aquellas personas, que a pesar de sus achaques, se les somete a recorrer una y otra vez, de oficina en oficina, por meses y con frecuencia por años, para que se les reconozca el pago de una pensión mínima. Algunos nunca logran colmar tan justo derecho.
Con el único propósito de crear una conciencia nacional sobre tan delicado problema, considero de especial importancia dar a conocer de manera veraz, la mayor información acerca de las personas que hoy disfrutan de pingües mesadas pensionales, cuando la gran mayoría recibe sumas ínfimas.
Es por ello que solicito lo siguiente:
a) Los nombres, apellidos y cédulas de las 1.200 personas que durante el año 2011 recibieron las mayores pensiones de jubilación del Estado Colombiano. Ojalá clasificadas de mayor a menor. No deben figurar las que ingresaron en el transcurso del año 2011.
b) Informar la identidad de las 120 personas que durante el año 2011 comenzaron a recibir las pensiones mensuales más altas y su valor.
c) Fecha a partir de la cual están pensionados, los años de servicio acreditados y el último cargo desempeñado. Si fuere posible anotar el último salario mensual y el que tenían un año antes.
d) Identificar la profesión de quienes tengan título expedido por una universidad colombiana.
Supongo que gracias a la gran facilidad que existe hoy para obtener informaciones como éstas, será posible recibir una pronta respuesta.
Un poco más tarde y para mayor objetividad en este análisis, en forma comedida pido que se haga una breve biografía de cada uno de los beneficiarios, sin exceder de sesenta palabras, salvo que por la importancia de algunos se considere que debe ser más extensa.
En fecha próxima me ocuparé de solicitar información adicional sobre este particular, sin exceder los límites de la simplicidad y facilidad, para atender lo demandado.
Si la respuesta a este escrito corresponde total o parcial a otras entidades del Estado, en forma encarecida le pido enviarlo a quien corresponda, o en su defecto a quien debe ser dirigido.
Poco después de enviar este documento, le pregunté a la tía Jesusita qué opinión tenía sobre lo expresado por la Ministra de Relaciones Exteriores, que dijo: "Donde hay un hombre hay prostitución". Ella me respondió que no es fácil juzgar a las personas por lo que dicen, pues es posible que en su mundo ella tenga la razón.}
El carrusel de pensiones, la politiquería, las excentricidades de los palacios de Justicia y las manipulaciones de las actas de las salas, son -entre otras- algunas de las responsabilidades que se le endilgan al Consejo Superior de la Judicatura, que en la reforma a la Justicia ya garantizó su posible desaparición.
La suerte de esta corporación se definió el pasado jueves luego de la cumbre de poderes que citó el mismo presidente, Juan Manuel Santos, en la que se conocieron nuevos ingredientes de los posibles actos de corrupción en este organismo.
Los analistas consultados por este diario coincidieron en que la politiquería fue el detonante para que el Consejo de la Judicatura terminara afrontando la suerte que tiene en la reforma a la Justicia.
La directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, dijo que “creo que hay ineficiencia, ineficacia y cuestionamientos a sus miembros, pero hoy no hay nadie quién los defienda, están solos. No existe hoy una voz que hable a su favor”.
Y no es para menos. En la actualidad en la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Contraloría se adelantan procesos en contra de no menos de una veintena de magistrados por posibles favorecimientos a terceros en sus pensiones, porque -presuntamente-, tuvieron contratos de dos o tres meses que habrían significado aumentos sustanciales en sus mesadas pensionales.
Es por esto que Ungar desglosa los pecados que se cometieron previos a la condena. “Se están intercambiando favores con el Congreso” que son quienes los eligen y, además “lo que se observa es que en la reforma a la Justicia no se había tocado a la Sala Disciplinaria, que es la más cuestionada”, por lo que recalca que “los parlamentarios casi que prefirieron pasar de largo a esta sala y focalizarse en la Administrativa que hasta hace poco era la que se modificaba”.
Sin embargo, Ungar deja claro que la “política, per se, no contamina”, pero insiste que “hay algunos políticos que desdicen de esta actividad”.
El constitucionalista Juan Manuel Charry tiene claro que el mayor inconveniente de la Judicatura fue que sus integrantes se prestaron para los “intereses políticos” y que tomaron “decisiones enmarcadas a favorecer intereses particulares”, que determinaron los escándalos que los comprometen hoy en día.
Para Charry es evidente que el Consejo de la Judicatura se debe acabar, ya que en su visión, “una corte de esta no debe tener carácter constitucional” y recordó que “antes de la Carta del 91, la Procuraduría ejercía el control de los jueces y para los abogados debería existir un comité de ética, como funciona en muchos estamentos del Estado”.
El exvicefiscal Francisco José Sintura también cuestionó el origen constitucional de la Judicatura del que rechaza que se mantenga en un mandato superior.
Recordó que el mayor problema es el “origen del nombramiento de quienes llegan a la Judicatura, que vienen de la clase política y terminan amarrados a los intereses de quienes los eligen”.
Mientras tanto, el politólogo Ernesto Rengifo no duda en acusar que “el Consejo Superior de la Judicatura es un organismo corrupto”, debido a que “es un foco de corrupción que, ni siquiera, pudo acabar el expresidente Álvaro Uribe”.
Para Rengifo, los magistrados de la Judicatura “son de quinta” y recalcó que “para llegar a los más altos escenarios de las cortes se debe haber promovido por una universidad por lo menos”.
Casi en concordancia con lo que dijo el analista, el exviceministro Sintura dejó claro que el principal problema es que “en la Rama Judicial hay una innecesaria burocracia que determina todos los sobresaltos que se advierten en la opinión pública”, al referirse a los escándalos.
Reconoció que actualmente casi que no vale la pena la crítica, porque -de acuerdo con la óptica de Sintura- “es muy difícil cambiar las costumbres de quienes eligen a los magistrados de la judicatura”.
Mientras tanto, el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes se refiere a que quien define la suerte de la enmienda será la Corte Constitucional, porque “hay que determinar sobre si lo que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura en la reforma a la Justicia va a mantener la autonomía de la Rama Judicial, es decir que esas nuevas figuras administrativas y judiciales van a garantizar la independencia de la justicia”.
A lo que se refiere el exmagistrado Cifuentes es a la propuesta aprobada en la mesa que reza que habrá, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, una Sala de Gobierno que tendrá representación de diferentes sectores de la Rama Judicial, así como de sectores especializados que ayudarán al Gobierno y a las cortes en la aplicación de políticas tendientes al mejoramiento del servicio judicial en el país.
Asimismo, Esguerra aseguró que en lo concerniente a la Sala disciplinaria, “en su reemplazo se presenta un consejo disciplinario que estaría integrado por cinco miembros, que pensamos que es un número suficiente, y que tendría a su cargo el control de carácter disciplinario de los jueces fundamentalmente”.
Y añadió que “en el caso de los funcionarios, los empleados judiciales, en principio, la idea es que ese control lo tendría a cargo la Procuraduría General de la Nación. Respecto a los abogados la fórmula podría ser que ello se hiciera por parte de un gran Colegio Nacional de Abogados que hoy no existe, o por unos colegios que aun no están suficientemente reglamentados”.
La suerte de esta corporación se definió el pasado jueves luego de la cumbre de poderes que citó el mismo presidente, Juan Manuel Santos, en la que se conocieron nuevos ingredientes de los posibles actos de corrupción en este organismo.
Los analistas consultados por este diario coincidieron en que la politiquería fue el detonante para que el Consejo de la Judicatura terminara afrontando la suerte que tiene en la reforma a la Justicia.
La directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, dijo que “creo que hay ineficiencia, ineficacia y cuestionamientos a sus miembros, pero hoy no hay nadie quién los defienda, están solos. No existe hoy una voz que hable a su favor”.
Y no es para menos. En la actualidad en la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Contraloría se adelantan procesos en contra de no menos de una veintena de magistrados por posibles favorecimientos a terceros en sus pensiones, porque -presuntamente-, tuvieron contratos de dos o tres meses que habrían significado aumentos sustanciales en sus mesadas pensionales.
Es por esto que Ungar desglosa los pecados que se cometieron previos a la condena. “Se están intercambiando favores con el Congreso” que son quienes los eligen y, además “lo que se observa es que en la reforma a la Justicia no se había tocado a la Sala Disciplinaria, que es la más cuestionada”, por lo que recalca que “los parlamentarios casi que prefirieron pasar de largo a esta sala y focalizarse en la Administrativa que hasta hace poco era la que se modificaba”.
Sin embargo, Ungar deja claro que la “política, per se, no contamina”, pero insiste que “hay algunos políticos que desdicen de esta actividad”.
El constitucionalista Juan Manuel Charry tiene claro que el mayor inconveniente de la Judicatura fue que sus integrantes se prestaron para los “intereses políticos” y que tomaron “decisiones enmarcadas a favorecer intereses particulares”, que determinaron los escándalos que los comprometen hoy en día.
Para Charry es evidente que el Consejo de la Judicatura se debe acabar, ya que en su visión, “una corte de esta no debe tener carácter constitucional” y recordó que “antes de la Carta del 91, la Procuraduría ejercía el control de los jueces y para los abogados debería existir un comité de ética, como funciona en muchos estamentos del Estado”.
El exvicefiscal Francisco José Sintura también cuestionó el origen constitucional de la Judicatura del que rechaza que se mantenga en un mandato superior.
Recordó que el mayor problema es el “origen del nombramiento de quienes llegan a la Judicatura, que vienen de la clase política y terminan amarrados a los intereses de quienes los eligen”.
Mientras tanto, el politólogo Ernesto Rengifo no duda en acusar que “el Consejo Superior de la Judicatura es un organismo corrupto”, debido a que “es un foco de corrupción que, ni siquiera, pudo acabar el expresidente Álvaro Uribe”.
Para Rengifo, los magistrados de la Judicatura “son de quinta” y recalcó que “para llegar a los más altos escenarios de las cortes se debe haber promovido por una universidad por lo menos”.
Casi en concordancia con lo que dijo el analista, el exviceministro Sintura dejó claro que el principal problema es que “en la Rama Judicial hay una innecesaria burocracia que determina todos los sobresaltos que se advierten en la opinión pública”, al referirse a los escándalos.
Reconoció que actualmente casi que no vale la pena la crítica, porque -de acuerdo con la óptica de Sintura- “es muy difícil cambiar las costumbres de quienes eligen a los magistrados de la judicatura”.
Mientras tanto, el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes se refiere a que quien define la suerte de la enmienda será la Corte Constitucional, porque “hay que determinar sobre si lo que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura en la reforma a la Justicia va a mantener la autonomía de la Rama Judicial, es decir que esas nuevas figuras administrativas y judiciales van a garantizar la independencia de la justicia”.
A lo que se refiere el exmagistrado Cifuentes es a la propuesta aprobada en la mesa que reza que habrá, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, una Sala de Gobierno que tendrá representación de diferentes sectores de la Rama Judicial, así como de sectores especializados que ayudarán al Gobierno y a las cortes en la aplicación de políticas tendientes al mejoramiento del servicio judicial en el país.
Asimismo, Esguerra aseguró que en lo concerniente a la Sala disciplinaria, “en su reemplazo se presenta un consejo disciplinario que estaría integrado por cinco miembros, que pensamos que es un número suficiente, y que tendría a su cargo el control de carácter disciplinario de los jueces fundamentalmente”.
Y añadió que “en el caso de los funcionarios, los empleados judiciales, en principio, la idea es que ese control lo tendría a cargo la Procuraduría General de la Nación. Respecto a los abogados la fórmula podría ser que ello se hiciera por parte de un gran Colegio Nacional de Abogados que hoy no existe, o por unos colegios que aun no están suficientemente reglamentados”.
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