Por beneficiar en cerca de 1.300 millones de pesos de pagos en reajustes pensionales

Por beneficiar en cerca de 1.300 millones de pesos de pagos en reajustes pensionales a exfuncionarios de la Rama Judicial fue condenada este sábado a 20 años de cárcel Alba Estella Ramírez Vargas, exjueza quinta penal del circuito de Ibagué.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué estableció, gracias a pruebas halladas por la Fiscalía, que la abogada, de 53 años y que está a punto de lograr la pensión, recurría a contactos en diferentes órganos judiciales para que las tutelas llegaran a sus manos.
Ya en su despacho, Ramírez fallaba a favor de sus allegados y ordenaba el pago de costosos reajustes salariales.
Algunos de los beneficiados fueron pensionados de Colpensiones y los desaparecidos Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales.
Tras ser capturada en noviembre del año pasado, cuando salía del Palacio de Justicia de Ibagué, Ramírez aceptó cargos por los delitos de prevaricato y cohecho.
El fin de semana fue enviada a la cárcel La Picaleña, luego de que el Tribunal Superior le quitara el beneficio de casa por cárcel que le había sido concedido tras argumentar que tenía bajo su responsabilidad a su hijo.
En el proceso se estableció que en uno de sus polémicos fallos reconoció el régimen de transición pensional a un ciudadano y ordenó el pago de 531 millones de pesos al que al parecer no tenía derecho.
En otra sentencia ordenó el reajuste de 117 millones de pesos en la pensión de un jubilado de Colpensiones. Durante las audiencias, representantes de la entidad solicitaron detener el detrimento de las arcas, pues continúan pagando dineros que no les corresponden a los beneficiados de la exjueza.
La Sala Penal consideró que la funcionaria judicial incurrió en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, y por ello le ordenó el pago de una multa de 356 millones de pesos.
“Ramírez Vargas conocía que, bajo promesa remuneratoria aceptada, estaba ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales y, a pesar de ello, quiso hacerlo”, dice la sentencia, que calificó de “reprochable” su actuación.
La exfuncionaria apeló la condena, pero se comprometió a colaborar con las autoridades para identificar a los otros involucrados.
Ramírez hace parte del ‘cartel’ de jueces que, a punta de tutelas, ordenaban otorgar o reajustar mesadas a exfuncionarios judiciales.
En el 2011 se destapó el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura, por el que la Contraloría llamó a juicio fiscal a 13 personas, entre ellas dos actuales magistrados: Julia Emma Garzón y Henry Villarraga.
REDACCIÓN IBAGUÉ

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