En un país donde la pensión es un lujo de unos pocos, triplicar el monto de ese privilegio por trabajar unos meses causa tanto indignación como rechazo. Esa es la conclusión más protuberante de la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre 70 nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura.

El ente de vigilancia encontró hallazgos suficientes para abrir juicio fiscal a 21 magistrados y ex magistrados de ese alto tribunal por tales designaciones, que le habrían costado al erario nacional unos 13.000 millones de pesos. El funcionamiento de este 'carrusel' confirmaría las viejas acusaciones de 'roscas' clientelistas en la cúpula del poder judicial.

Miembros de esa corte habrían nombrado a personas en cargos de magistratura para que, abusando de un decreto que data de 1971, alcanzaran una jubilación con su último salario. Los beneficiados habrían trabajado cortos períodos para así multiplicar varias veces sus mesadas pensionales. Habrían recibido hasta pagos retroactivos.

Lo que más impacta es el descaro y la recurrencia de la práctica. De acuerdo con la Contraloría, la magistrada Julia Emma Garzón nombró a 16 personas, mientras sus colegas Henry Villarraga y Ovidio Claros, ocho y seis, respectivamente. En el Consejo Superior de Judicatura se montó abiertamente un 'régimen especial' de pensiones.

Sin olvidar que los investigados gozan del derecho de controvertir estas acusaciones, los hechos encontrados son escandalosos, pero no sorprenden a nadie. La Judicatura ha estado por años en medio de señalamientos de clientelismo y favores políticos. El valiente aporte de la Contraloría está en la apertura formal de un juicio fiscal por los multimillonarios ajustes que esos contratos a dedo habrían generado. Más que rumores de pasillo o artículos de los medios de comunicación, existe hoy un proceso con nombres, fechas y montos, y los involucrados deben responder.

El destape de este 'carrusel' de la Judicatura ratifica asimismo la necesidad de ponerles orden a las jubilaciones del poder judicial. El anuncio de la contralora Sandra Morelli sobre la revisión de centenares de millonarias pensiones de los jueces, y también de las del Congreso de la República, merece el completo respaldo de la opinión pública.

¡Qué paradoja que los encargados de impartir justicia y cuyo símbolo es la balanza se aprovechen de una oscura norma para devengar varias veces más que lo que sumaron sus aportes! Con el país abocado a discutir una nueva reforma pensional, que golpeará los bolsillos y las condiciones de los asalariados, la tolerancia hacia estos escándalos debe ser de cero.

Son precisamente esos privilegios, tratamientos especiales y gabelas injustificadas los que convierten a estos magistrados, jueces, congresistas y demás beneficiados en una verdadera 'oligarquía' de retirados del sector público, que se chupan buena parte del presupuesto nacional con sus gordas mesadas.

La investigación de la Contraloría enfatiza aún más la necesidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura en la reforma de la Justicia, que hace trámite en el Congreso. Es momento para que el Gobierno recupere su postura inicial de acabar con ese tribunal que, además de haber fallado en su misión, es una fuente de desangre de recursos. Un texto que mantenga una instancia tan polémica y costosa constituiría una oportunidad perdida para arreglar los desbarajustes de la rama judicial.

La contralora Morelli no tiene una tarea fácil al desnudar estos 'carruseles'. Mas no debe renunciar al propósito de saber la verdad sobre las 'roscas' enquistadas en esos tribunales y sus favoritismos.

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