lunes, 12 de marzo de 2012

penciones

“La tormenta de pensiones no debe deslegitimar a la Rama Judicial”

El presidente del Consejo de la Judicatura, Ricardo Monroy, dice que hay temas en la reforma a la Justicia que no El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ricardo Monroy Church, habla con suma cautela de la actual situación del sistema judicial y reconoce que los escándalos que afronta esta rama deben ser analizados con cuidado y sin entrar en el escenario de la deslegitimización de este brazo del poder público.

En diálogo con El País, el magistrado deja claro que el lío del ‘carrusel’ pensional en la Justicia constituye un problema personal de quienes deberán responder y, en su opinión, dista mucho de poner en entredicho la legitimidad e institucionalidad de esta rama.

También se refiere a la reforma a la Justicia que se encuentra en la recta final de su aprobación en el Congreso, de la que dice le ha faltado profundizar en muchos temas coyunturales, por lo que asegura que las cortes se mantienen al margen de la discusión.

Añade que como está el proyecto afecta la autonomía e independencia de la Justicia y afirma que “cualquier proceso de reforma debe avanzar hacia el fortalecimiento de la administración de justicia y no, como se pretende, socavarle las funciones a la rama”.

Hoy ustedes enfrentan una tormenta por el escándalo del ‘carrusel’ pensional ¿cómo ve usted esta situación?

Pensamos que debe establecerse la ocurrencia o no de esos casos y cualquier situación o como usted llama, tormenta, debe arrancar por un análisis serio, realizado de manera responsable frente a las situaciones que se presentan.

Nos parece que esta tormenta debe ser analizada por el país con cabeza fría, no debe abrir espacios para deslegitimar a la rama judicial. Debe hacerse diferencia entre la legitimidad de la rama y de sus instituciones frente a situaciones personales que eventualmente se puedan apartar del régimen de legalidad o reglamentario.

En definitiva se trata de situaciones personales de ejercicio de competencia, pero en ningún caso pueden atribuirse institucionalmente a la rama y no se pueden derivar de allí unos planteamientos de ilegitimidad.

¿La capacidad nominadora y de elección que tienen las cortes ha llevado a que se politice la Justicia?

Pensamos que los mecanismos de integración de las distintas ramas del poder o particularmente de los organismos de control son también garantía de independencia como lo previó el Constituyente del 91, cuando estableció la participación de las cortes en la conformación de los organismos de control, a través de la integración de ternas o participación en el mecanismo de su elección. Lo que se pretende es garantizar la autonomía e independencia de estos organismos de control. Pensamos que, de por sí, el mecanismo no significa una politización sino una participación de la Rama Judicial en la garantía de esa autonomía.

Pero, se habla de conflictos de interés, como el caso de la Contralora que tiene diferencias con la Comisión de Acusaciones por el juicio de responsabilidad fiscal en contra de magistrados...

El régimen constitucional lo que prevé es la participación de distintos órganos de distintas ramas, en su caso, el del Parlamento para la elección del Contralor y que ha tenido origen en otras ramas del poder, como el caso de las ternas de la postulación que se hace para ese cargo. No necesariamente debe presentarse el conflicto, porque hay que verlo desde el ámbito particular que se puede generar.

Hay quienes dicen que no por un escándalo se tienen que acabar las instituciones...

Pensamos que deben analizarse esas situaciones con madurez institucional en el sentido de que si llega a haber eventos personales de conductas que no están sujetas a la ley, se trata de situaciones particulares que no son predicables de las instituciones. La bondad de una institución debe su legitimidad a una racionalidad constitucional, a un principio de separación de poderes y cualquier situación de conducta personal no puede afectar esa racionalidad constitucional.

¿Cómo acabar, entonces, con ese coqueteo de la política con la Justicia?

Creo que el fortalecimiento de las instituciones no tiene otro camino que el de profundizar en la separación de las ramas del poder, en el respeto institucional entre una y otra rama, en el respeto de las decisiones y vemos que ese debe ser el camino. Y es el camino que debe transitar la reforma a la Justicia, en el fortalecimiento judicial, autonomía en la participación de la rama en el proceso de reforma y en la participación de la sociedad entera sobre la base del respeto institucional.

¿Se han sentido irrespetados?

Creo que el respeto entre las instituciones debe arrancar por el respeto de sus propios ámbitos de competencia, siempre las relaciones de respeto pueden ser mejores. Pensamos que un liderazgo de la rama judicial es la manera como debe avanzarse en un proceso de reforma, pensamos que un respeto institucional debe hacerse con todas las ramas y los esfuerzos deben estar enmarcados en el respeto institucional.

Reforma a la Justicia

¿Cómo ve usted el tema de la reforma a la Justicia, cree que es mejor dar un compás de espera para que sea un proyecto más integral?

Está en curso un proyecto presentado por el Gobierno en el que ya, con posterioridad, se ha invitado a las cortes a participar en él y como resultado la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Sala Administrativa se retiraron del proceso. Hay temas de la mayor importancia, como es el de la doble instancia, juzgamiento de aforados por la Corte Suprema, la pérdida de investidura, la reorganización del modelo de autogobierno de la Rama Judicial en cabeza del Consejo Superior, una diversidad de materias que suscitan el mayor interés para la rama. De allí que se haya propuesto profundizar en muchas materias.

¿Se está corriendo con esta reforma?

Creemos que el país está solicitando un espacio, una reformulación de la reforma, porque se debe entender que la justicia es un problema de todo el país y son materias que no se pueden modificar atropelladamente, a la carrera, deben estar precedidas de une estudio muy profundo que es lo que la sociedad está reclamando.

La Rama ha hecho especial énfasis en su inconformismo en dos puntos clave: la autonomía y los recursos. ¿Si no hay un giro en lo que ya se ha aprobado ustedes no vuelven a la mesa?

Existe una gran preocupación porque el proyecto, tal y como está en curso en el Congreso, sin duda está afectando la autonomía e independencia en el esquema que definió el constituyente del 91. Aquí estamos en presencia de una sustitución del esquema constitucional al permitir en el órgano de administración que es, digamos, el garante de esa autonomía la participación de sectores distintos a la propia rama judicial. Ahora se propone que órganos externos como el Gobierno y el Congreso participen en esa conformación y creemos que eso sería un retroceso.

Y, ¿los recursos?

Con el tema del presupuesto vemos que no se está integrando en la reforma una aspiración nacional de hace muchos años de garantizar a la Rama Judicial una sostenibilidad financiera, es decir que tenga garantizados unos recursos para hacer planeación de su gestión, avanzar en la mejora del sistema. Nosotros tenemos planes de desarrollo y de inversión anuales desde 1991, pero desafortunadamente -por ejemplo- el último que terminó su vigencia en 2011 estuvo desfinanciado en un 55%.

La rama considera que para garantizar esa autonomía e independencia debe haber un volumen de recursos sostenible y fijos que no implique la mendicidad de la justicia frente al Gobierno y el Congreso para tener una sostenibilidad.

Un expresidente del Consejo de Estado dijo que si esa reforma era aprobada como está acudiría a estamentos internacionales ¿esta decisión es solitaria?

Veríamos qué desarrollos tiene el proceso de reforma. Creemos que el país debe tener la madurez para avanzar en el fortalecimiento y respeto de la rama. Hoy por hoy cualquier actuación de los poderes públicos, cualquier tendencia de los países está en la mira de la comunidad internacional. Pensamos que el proceso de la reforma está de cara a la comunidad internacional.se pueden aprobar “atropelladamente, a la carrera”.El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ricardo Monroy Church, habla con suma cautela de la actual situación del sistema judicial y reconoce que los escándalos que afronta esta rama deben ser analizados con cuidado y sin entrar en el escenario de la deslegitimización de este brazo del poder público.

En diálogo con El País, el magistrado deja claro que el lío del ‘carrusel’ pensional en la Justicia constituye un problema personal de quienes deberán responder y, en su opinión, dista mucho de poner en entredicho la legitimidad e institucionalidad de esta rama.

También se refiere a la reforma a la Justicia que se encuentra en la recta final de su aprobación en el Congreso, de la que dice le ha faltado profundizar en muchos temas coyunturales, por lo que asegura que las cortes se mantienen al margen de la discusión.

Añade que como está el proyecto afecta la autonomía e independencia de la Justicia y afirma que “cualquier proceso de reforma debe avanzar hacia el fortalecimiento de la administración de justicia y no, como se pretende, socavarle las funciones a la rama”.

Hoy ustedes enfrentan una tormenta por el escándalo del ‘carrusel’ pensional ¿cómo ve usted esta situación?

Pensamos que debe establecerse la ocurrencia o no de esos casos y cualquier situación o como usted llama, tormenta, debe arrancar por un análisis serio, realizado de manera responsable frente a las situaciones que se presentan.

Nos parece que esta tormenta debe ser analizada por el país con cabeza fría, no debe abrir espacios para deslegitimar a la rama judicial. Debe hacerse diferencia entre la legitimidad de la rama y de sus instituciones frente a situaciones personales que eventualmente se puedan apartar del régimen de legalidad o reglamentario.

En definitiva se trata de situaciones personales de ejercicio de competencia, pero en ningún caso pueden atribuirse institucionalmente a la rama y no se pueden derivar de allí unos planteamientos de ilegitimidad.

¿La capacidad nominadora y de elección que tienen las cortes ha llevado a que se politice la Justicia?

Pensamos que los mecanismos de integración de las distintas ramas del poder o particularmente de los organismos de control son también garantía de independencia como lo previó el Constituyente del 91, cuando estableció la participación de las cortes en la conformación de los organismos de control, a través de la integración de ternas o participación en el mecanismo de su elección. Lo que se pretende es garantizar la autonomía e independencia de estos organismos de control. Pensamos que, de por sí, el mecanismo no significa una politización sino una participación de la Rama Judicial en la garantía de esa autonomía.

Pero, se habla de conflictos de interés, como el caso de la Contralora que tiene diferencias con la Comisión de Acusaciones por el juicio de responsabilidad fiscal en contra de magistrados...

El régimen constitucional lo que prevé es la participación de distintos órganos de distintas ramas, en su caso, el del Parlamento para la elección del Contralor y que ha tenido origen en otras ramas del poder, como el caso de las ternas de la postulación que se hace para ese cargo. No necesariamente debe presentarse el conflicto, porque hay que verlo desde el ámbito particular que se puede generar.

Hay quienes dicen que no por un escándalo se tienen que acabar las instituciones...

Pensamos que deben analizarse esas situaciones con madurez institucional en el sentido de que si llega a haber eventos personales de conductas que no están sujetas a la ley, se trata de situaciones particulares que no son predicables de las instituciones. La bondad de una institución debe su legitimidad a una racionalidad constitucional, a un principio de separación de poderes y cualquier situación de conducta personal no puede afectar esa racionalidad constitucional.

¿Cómo acabar, entonces, con ese coqueteo de la política con la Justicia?

Creo que el fortalecimiento de las instituciones no tiene otro camino que el de profundizar en la separación de las ramas del poder, en el respeto institucional entre una y otra rama, en el respeto de las decisiones y vemos que ese debe ser el camino. Y es el camino que debe transitar la reforma a la Justicia, en el fortalecimiento judicial, autonomía en la participación de la rama en el proceso de reforma y en la participación de la sociedad entera sobre la base del respeto institucional.

¿Se han sentido irrespetados?

Creo que el respeto entre las instituciones debe arrancar por el respeto de sus propios ámbitos de competencia, siempre las relaciones de respeto pueden ser mejores. Pensamos que un liderazgo de la rama judicial es la manera como debe avanzarse en un proceso de reforma, pensamos que un respeto institucional debe hacerse con todas las ramas y los esfuerzos deben estar enmarcados en el respeto institucional.

Reforma a la Justicia

¿Cómo ve usted el tema de la reforma a la Justicia, cree que es mejor dar un compás de espera para que sea un proyecto más integral?

Está en curso un proyecto presentado por el Gobierno en el que ya, con posterioridad, se ha invitado a las cortes a participar en él y como resultado la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Sala Administrativa se retiraron del proceso. Hay temas de la mayor importancia, como es el de la doble instancia, juzgamiento de aforados por la Corte Suprema, la pérdida de investidura, la reorganización del modelo de autogobierno de la Rama Judicial en cabeza del Consejo Superior, una diversidad de materias que suscitan el mayor interés para la rama. De allí que se haya propuesto profundizar en muchas materias.

¿Se está corriendo con esta reforma?

Creemos que el país está solicitando un espacio, una reformulación de la reforma, porque se debe entender que la justicia es un problema de todo el país y son materias que no se pueden modificar atropelladamente, a la carrera, deben estar precedidas de une estudio muy profundo que es lo que la sociedad está reclamando.

La Rama ha hecho especial énfasis en su inconformismo en dos puntos clave: la autonomía y los recursos. ¿Si no hay un giro en lo que ya se ha aprobado ustedes no vuelven a la mesa?

Existe una gran preocupación porque el proyecto, tal y como está en curso en el Congreso, sin duda está afectando la autonomía e independencia en el esquema que definió el constituyente del 91. Aquí estamos en presencia de una sustitución del esquema constitucional al permitir en el órgano de administración que es, digamos, el garante de esa autonomía la participación de sectores distintos a la propia rama judicial. Ahora se propone que órganos externos como el Gobierno y el Congreso participen en esa conformación y creemos que eso sería un retroceso.

Y, ¿los recursos?

Con el tema del presupuesto vemos que no se está integrando en la reforma una aspiración nacional de hace muchos años de garantizar a la Rama Judicial una sostenibilidad financiera, es decir que tenga garantizados unos recursos para hacer planeación de su gestión, avanzar en la mejora del sistema. Nosotros tenemos planes de desarrollo y de inversión anuales desde 1991, pero desafortunadamente -por ejemplo- el último que terminó su vigencia en 2011 estuvo desfinanciado en un 55%.

La rama considera que para garantizar esa autonomía e independencia debe haber un volumen de recursos sostenible y fijos que no implique la mendicidad de la justicia frente al Gobierno y el Congreso para tener una sostenibilidad.

Un expresidente del Consejo de Estado dijo que si esa reforma era aprobada como está acudiría a estamentos internacionales ¿esta decisión es solitaria?

Veríamos qué desarrollos tiene el proceso de reforma. Creemos que el país debe tener la madurez para avanzar en el fortalecimiento y respeto de la rama. Hoy por hoy cualquier actuación de los poderes públicos, cualquier tendencia de los países está en la mira de la comunidad internacional. Pensamos que el proceso de la reforma está de cara a la comunidad internacional.

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/tormenta-pensiones-debe-deslegitimar-rama-judicial-ricardo-monroy

Hablando de pensiones

Muy de moda está el tema de la desigualdad de pensiones que viene tratándose en diferentes esferas del orden nacional, especialmente en aquellas donde servidores públicos terminan con unas compensaciones que se salen de lo normal, al punto que un trabajador normal no se ganaría en toda su vida, lo que se gana un pensionado de este nivel en un solo año. La revista Semana dio a conocer el escalafón de los pensionados públicos que mayor mesada reciben y en primer lugar está el ex parlamentario del Huila, Jesús Antonio García, quien recibe 31 millones de pesos al mes.

La fórmula

Dice la revista que García recibe esa pensión porque en 1998, en el momento de jubilarse, por un “error de interpretación” se le permitió incluir como parte del salario base, la liquidación, los tiquetes aéreos y los viáticos. En ese momento un congresista ganaba cerca de dos millones de pesos, pero sumando todos los ingresos, podía recibir más de 12 millones. Así aumentó su pensión de manera desmedida. “Es un derecho adquirido, no hay nada ilegal”, dijo García al medio de comunicación, quien argumentó que la exposición en los medios de información lo ha expuesto a un posible secuestro.

http://www.lanacion.com.co/2012/03/09/run-run-439/

http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/tambien-investigara-a-no-aforados-por-pensiones-59707

La fiscal general de la Nación (e), Martha Lucía Zamora Ávila, anunció que emprenderá las investigaciones que correspondan contra los no aforados en medio del escándalo del ‘carrusel’ de pensiones.

Al respecto, señaló la Fiscal interina que “las disposiciones sobre aforados las establece la Constitución y la Ley, es decir, ya eso tiene una reglamentación clarísima y por lo tanto ya miraremos de qué personas se trata para efectos de iniciar las investigaciones”.

La jefa del ente acusador indicó que está a la espera de recibir la correspondiente compulsa de copias de parte de la Contraloría General de la República.

Embargos

Horas antes, el ente de control fiscal del país había informado que se ordenó el embargo de los sueldos y activos de 22 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, como medida cautelar.

Así mismo, anunció la contralora Sandra Morelli que abrió proceso de responsabilidad fiscal contra ocho magistrados y un exmagistrado de la Judicatura.

Sobre el conflicto de competencias con la Comisión de Acusaciones dijo que le “llama poderosamente la atención que nadie quiera que lo investigue la Contraloría, donde aplicamos el debido proceso y queremos ser garantistas”.

08 de Marzo de 2012 - 10:13 pm

También investigará a no aforados por pensiones



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