martes, 13 de marzo de 2012

Seguridad social

SIP premia a universidades latinas por investigaciones contra impunidad

Por: Elespectador.com

Reforma al Código Penal militar para que los homicidios de periodistas cometidos por militares salgan de su jurisdicción, fue el trabajo de la Universidad Javeriana.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) premió a ocho universidades de Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, por la excelencia de sus investigaciones relativas a la lucha contra la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas en el hemisferio occidental.

Los trabajos universitarios fueron requeridos por la SIP a 22 altas casas de estudio latinoamericanas, como parte de su Proyecto Contra la Impunidad, auspiciado desde 1995 por la Fundación la Fundación John S. y James L. Knight, dice el informe de prensa del gremio.

Las universidades debieron investigar durante un semestre en sus respectivos países y hacer recomendaciones sobre reformas de políticas públicas para combatir la impunidad. Los trabajos dirigidos a resaltar casos de estudio particulares fueron realizados en cada universidad por un equipo interdisciplinario conformado por estudiantes y profesores. Las investigaciones fueron presentadas y discutidas en la Conferencia Hemisférica Universitaria: “Políticas públicas para combatir la impunidad”, que la SIP celebró en Puebla, México, en agosto pasado.

Como parte del reconocimiento representantes de las ocho universidades están invitados a participar en la Conferencia “El sistema interamericano y la libertad de expresión”, que la SIP realizará en Washington, a fines de marzo, en conjunto con American University, Stanford University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con el informe de prensa, las universidades premiadas son las siguinetes:

Centro Universitário Metodista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; 1923. “Eficacia de las políticas de protección a los defensores de los derechos humanos y para la seguridad de los periodistas”. Pretende la ampliación a todos los estados del Programa de Protección a Testigos y Derechos Humanos, así como la creación de alianzas entre las organizaciones dedicadas a la defensa de los periodistas para alcanzar mayor difusión del Programa Nacional de Protección.

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Bogotá, Colombia; 1623. “Garantías y estrategias para una efectiva investigación y reparación de crímenes en contra de periodistas”. Observa la necesidad de una reforma al Código Penal militar para que los casos de homicidios de periodistas cometidos por militares salgan de la jurisdicción penal militar; que se permita la presencia como parte civil de los periodistas y asociaciones de prensa durante la investigación y juzgamiento; y la reparación moral, compensación y rehabilitación para familiares.

Universidad de Antioquia de Colombia (UdeA), Medellín, Colombia; 1801. “¿Los avances legislativos han contribuido a disminuir la impunidad?” Sugiere la formación de alianzas entre instituciones estatales y de medios para abordar las dificultades sobre crímenes contra la prensa; crea una Asociaciones de Consumidores y Defensores de la Libertad de Prensa para generar redes de apoyo y concientización, e impulsa el debate académico intra e interuniversitario sobre la importancia de la prensa en la democracia.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Chihuahua, México; 1973. “Entre la impunidad y la inseguridad laboral: la corresponsabilidad de las empresas periodísticas”. Recomienda la creación de protocolos de protección y seguridad para los periodistas, mejorías en sus condiciones laborales, la elaboración de un código de ética general y un banco de datos sobre violencia. Propone que las empresas periodísticas gestionen un refugio temporal en EE.UU., para albergar a periodistas en riesgo.

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Jalisco, México; 1935. “Necesidad de crear nuevas instituciones federales para combatir la impunidad”. Observa la necesidad de creación de una oficina de ombudsman para periodistas, para ayudar en tareas de protección y vigilancia de los derechos de periodistas; así como el establecimiento de una subprocuraduría especial dentro de la Procuraduría General de la República para atender y procesar en forma directa las denuncias contra la libertad de expresión.

Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Managua, Nicaragua; 1964. “La inexistencia de jurisprudencia adecuada para combatir la impunidad”. Establece que se legisle sobre el cumplimiento de una pena mínima efectiva como condición previa para que un convicto pueda solicitar reducción de su condena. También impulsa una memoria histórica digital con información fáctica sobre cada asesinato y su grado de impunidad, la que se incluiría en portales de internet de universidades y organizaciones de prensa.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú; 1960. “El valor de la prueba en los procesos judiciales y su relación con la impunidad”. Sugiere la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en cuanto a incorporar o considerar el material de investigaciones periodísticas de calidad rigurosa, en la valoración de pruebas. También recomienda la necesidad de generar interacción entre medios de comunicación, asociaciones de prensa, facultades de Comunicación, Poder Judicial y Ministerio Público.

Universidad Iberoamericana (UNIBE), Higuey, República Dominicana; 1982. “El impacto del caso de Narciso González ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su influencia en políticas a nivel nacional”. Recomienda la creación de una Procuraduría General Adjunta para la Libertad de Expresión y de Prensa, y establece un Código de Prensa, que dispone agravantes penales para quienes atenten contra la libertad de expresión, poniendo énfasis en medidas para proteger a los periodistas y medios de comunicación.

  • Elespectador.com| Elespectador.com

    Se trata de leyes y decretos expedidos en las últimas horas del año

    Siete normas que le cambiarán la vida en 2012

    Por: Redacció
    El Presidente de la República , Juan Manuel Santos, sanciona una de la leyes que fueron firmadas en el último mes.

    Tres grandes anuncios del sector de la salud prometen un sacudón en el sistema el próximo año. Para empezar, el Ministerio de Salud y Protección Social salió a explicar lo que ya había notificado unos meses atrás cuando estalló el escándalo del carrusel de la salud: se reducirá el número de entidades promotoras de salud (EPS) por cuenta de un decreto que será expedido en los primeros meses de 2012 y que modificará al sistema único de habilitación de estas entidades.

    Esto se traduce en que sólo sobrevivirán las EPS que cumplan los indicadores de gestión, atención en salud, calidad y desempeño financiero, metas que el Gobierno se ha propuesto para regir al sistema. Y anticipándose a los traumatismos que esta noticia podría generar, el ministro de Salud, Mauricio Santa María, afirmó que habrá un período de transición en el que los usuarios tendrán asegurado el servicio.

    Otro anuncio importante fue hecho por el mismo presidente Juan Manuel Santos. Se trata de un pequeño capítulo de la Reglamentación Antitrámites, que terminará con largas esperas al teléfono. A partir de la firma de este decreto, el 12 de enero, las citas de medicina general y de odontología en las EPS podrán hacerse vía internet y las entidades tendrán que programarlas en un plazo máximo de tres días después de la llamada del usuario.

    Para terminar, se hizo pública la creación de una figura en el sistema de salud para 2012 que se denominará defensor del usuario. Su objetivo principal y único será trabajar para garantizar el derecho fundamental de los colombianos. Aunque su creación todavía está en reglamentación, ha trascendido que cada departamento podría contar con defensor propio.

    Entre los últimos anuncios se coló también uno sobre la creación de un sistema de regulación de calidad para el sistema, y algunos cambios en la unidad de pago por capitación (UPC, la prima que le da el sistema de salud a las EPS por cada afiliado) que serán anunciados hoy en el despacho del Ministerio.


    La Unidad de Protección de personas está en riesgo

    Tras las quejas instauradas por un grupo de alcaldes y gobernadores salientes, que argumentaban que sus vidas corrían peligro, pues una vez terminaran su período les retirarían los esquemas de protección, el Gobierno sancionó ayer un decreto para fortalecer la Unidad de Protección y así garantizarles su seguridad.

    Mediante el Decreto 4912 se le otorgó poderes especiales a esa Unidad, la cual recibirá y tramitará las solicitudes de protección e información de personas cuya vida e integridad física corren peligro por cuenta de las actividades que desempeñan, sus convicciones políticas o religiosas. La Unidad de Protección tendrá la función de coordinar a las entidades encargadas de implementar los sistemas de protección.

    El decreto establece 16 tareas que pasarán a ser responsabilidad de dicha Unidad, entre las que se destacan: asumir la gestión de las solicitudes de protección; coordinar a las entidades que brindan los servicios de seguridad; solicitar y sistematizar la información que permita analizar la situación particular de riesgo del peticionario, y realizar los oficios de seguimiento a los sistemas de protección.

    Por otra parte, esta entidad tendrá que realizar la entrevista personal del solicitante, con el fin de ampliar la información relacionada con el nivel de riesgo. De la misma manera, tendrá que explicar ante el Grupo de Valoración Preliminar la petición de protección, el análisis de la situación y los resultados de la evaluación del riesgo a nivel territorial.

    También estará obligada a adoptar las medidas de protección recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), así como tendrá la obligación de hacer un seguimiento periódico de la implementación y eficacia de las medidas de protección. Al igual que se encargará de trasladar a la Fiscalía las amenazas de que hayan sido objeto las personas que solicitan medidas de protección.


    La cruzada antitrámites

    El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció ayer el impulso a un decretoque permite la eliminación de trámites como certificado de supervivencia, huella dactilar y autenticaciones notariales a partir del próximo año.

    “La Consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez, la Consejera para la Gestión Pública y Privada, Catalina Crane, y otros funcionarios, han venido trabajando en las facultades que nos otorgó el Congreso para eliminar trámites. Son muchísimos los que se van a eliminar y muchísimas medidas que se van a tomar. Este es un decreto que se va a expedir antes del 12 de enero”, expresó el jefe de Estado.

    Uno de los trámites que los colombianos ya no tendrán que realizar es las largas filas y diligencias para adquirir el Registro Único Tributario (RUT), el cual se podrá solicitar a través del portal de Internet de la Dian, con lo que beneficiará a cerca de seis millones y medio de ciudadanos .

    Por otra parte, se elimina el certificado de supervivencia, que evitará que los adultos mayores no realicen largas filas cada tres meses para ser identificados como personas vivas y así reciban su pensión.

    También desaparecerá, a partir de junio del año entrante, la huella dactilar como requisito para realizar ciertas operaciones “Aquellos procedimientos que requieren por algún motivo la huella, que van a ser muy pocos, eso no va a ser con la forma tradicional, sino que las entidades van a tener que usar la huella dactilar electrónica, para evitar esa cantidad de trámites con la huella y la tinta”, señaló el Presidente.

    Finalmente, uno de los procedimiento más engorrosos para los colombianos es la autentificación de toda clase de documentos. “A los ciudadanos hoy en día los hacen autenticar todo. Eso no va más. Ya vamos a eliminar las autenticaciones. Esa es una medida que va a facilitarles mucho la vida a muchos colombianos”, aseguró el jefe de Estado.

    Según Santos, con esta cruzada antitrámites se va a cumplir el artículo 86 de la Constitución Política , según el cual todos los ciudadanos gozan de la presunción de la buena fe. “Estamos presumiendo la buena fe y las medidas que menioné son sólo algunas de las que irán en ese decreto”.


    Reglamentación del nuevo sistema de regalías

    Después de que se aprobara la ley que reorganiza el sistema general de regalías, el pasado 18 de julio, y de que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, saliera de la sesión con su promesa esculpida en piedra de que no se centralizarán los recursos provenientes de las regalías, el Gobierno emitió el decreto que reglamenta el nueva sistema.

    Bajo el Código 4923, de 2011, se estableció que el nuevo sistema de distribución de estos recursos será de la siguiente manera: se crea un Fondo de Compensación, que está destinado “a nivelar la cancha en todos las regiones del país”, tal y como lo expresó el ministro Echeverry. La nivelación se hará según las necesidades básicas insatisfechas, que tendrán un valor del 50%; el número de la población, con el 40%, y el desempleo con el 10%.

    Por otra parte, se establece el Fondo de Desarrollo, al cual tendrán que llegar los proyectos de los entes territoriales. En éste las necesidades básicas insatisfechas tendrán un valor del 60% y el número de habitantes, un 40%.

    Los porcentajes de distribución quedaron de la siguiente manera: el 10% estará destinado para el sector de ciencia y tecnología, 40% irá para ahorro (10% para pensiones y el 30% para el Fondo de Estabilización), y el 60% restante estará destinado a los nuevos fondos (Compensación 60% y Desarrollo 40%).

    Con este nuevo sistema de regalías, que Echeverry metaforizó como “untar la mermelada en toda la tostada”, se pretende que los dineros provenientes de la explotación de los recursos no renovables contribuyan a sanar la necesidad de las regiones.

    Los gobernadores y alcaldes entrantes ya comenzaron a hacer gestiones para la aprobación de proyectos en los 700 municipios más pobres del país.


    Otras normas

    El acceso a la vivienda

    Con el decreto 4916, el Gobierno amplía el plazo para otorgar subsidios que les permitan a las familias víctimas de las olas invernales de este año adquirir viviendas de interés social a través de las Cajas de Compensación Familiar. Ahora irá hasta el 30 de junio del 2012.

    Empleo de emergencia

    Dadas las condiciones de vulnerabilidad en que han quedado miles de familias por cuenta del invierno, el Ejecutivo ha decretado la creación del empleo de emergencia con el fin de ejecutar obras de reconstrucción.

    Impulso a las artes escénicas

    Con la intención de formalizar el sector de los espectáculos públicos de las artes escénicas, se sancionó la ley 1493 de 2011 que pretende democratizar el acceso a los espectáculos culturales mediante una serie de incentivos tributarios. La ley plantea incentivos tributarios como la disminución del impuesto de renta para artistas no residentes en el país, del 33% al 8%; exención del pago del impuesto (IVA) a los servicios artísticos y servicios conexos con dicha actividad, y la eliminación del 10% del impuesto nacional de espectáculos con destino al deporte y del impuesto municipal de azar y espectáculos para el sector de las artes escénicas.


    • Redacción Política | Elespectador.com

      El certificado de supervivencia era un martirio para la tercera edad. Ahora se consultará en la Registraduría.

      El nuevo decreto ley de Eliminación y Racionalización de Trámites, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos Calderón, se basa en la Constitución Política, en el principio de la buena fe de las personas y en el interés del Gobierno por respetar el mayor tesoro de los colombianos: su tiempo. Sin embargo, luego de la sanción del decreto surgieron algunas inquietudes respecto a sus alcances, excepciones y vigencia.

      EL HERALDO presenta la lista de algunos de los trámites más importantes que se eliminan o se modifican; trámites que involucran a la gran mayoría de ciudadanos, con el fin de evitar que la gente no pague por lo que no tiene que pagar o no pierda tiempo en diligencias que no son obligatorias.

      Es de señalar que este decreto será reforzado paulatinamente en la medida en que el Gobierno presente proyectos de ley relacionados con el código de tránsito, el estatuto tributario y el régimen general de visas, entre otros.

      Automóviles

      Desde ahora el certificado de revisión técnico-mecánica para vehículos particulares se debe realizar después del sexto año de haber sido matriculados y no del segundo como se venía exigiendo. Quiere esto decir que los automóviles modelo 2012 deberán expedir dicho certificado a partir del 2018, y de ahí en adelante cada año.

      La norma también cobija a los carros modelo 2007 en adelante, lo que significa que en 2012 solamente los vehículos modelos 2006 y anteriores estarán obligados a tramitar la revisión. Para los casos de vehículos de servicio público y de motocicletas sigue en firme la norma que les exige hacer la revisión una vez al año.

      En cuanto a las licencias de conducción, su vigencia será de 10 años y no de cinco. Esta disposición tiene carácter retroactivo, es decir, que los conductores con pases expedidos en el 2007, que debían renovarlos en el 2012, ya no tendrán que hacerlo; e igual sucede con las licencias emitidas a partir del 2003.

      Sobre el particular el viceministro de Transporte, Felipe Targa, anunció que a finales de este año se implementará un sistema para unificar la presentación de todas las licencias de conducción, tal como sucedió con la cédula de ciudadanía y una vez puesta en marcha la infraestructura para renovar las licencias de conducción, a excepción de las nuevas, el trámite será gratuito. Cabe anotar que el Código Nacional de Tránsito no contempla multas para personas que tengan su pase vencido.

      Certificado supervivencia

      A partir del primero de julio de este año, el certificado de supervivencia no podrá ser exigido por las entidades públicas o financieras, disposición que representa un alivio para las personas de la tercera edad que debían solicitar dicho documento cada tres meses ante las notarías.

      A partir de la fecha señalada, la supervivencia podrá consultarse en la base de datos de la Registraduría Nacional, organismo que podrá transferir la información de los certificados de defunción a los ministerios de Salud, Trabajo y demás entidades que defina el Gobierno. Con lo anterior, el resultado de la consulta será la prueba de la existencia o no de la persona. Los nacionales radicados en el exterior deberán presentarse una vez al año en el consulado donde residan para acreditar su existencia, y será dicha oficina la encargada de enviar la información al sistema de seguridad social correspondiente.

      Autenticaciones y huellas

      En adelante no será necesaria la autenticación de documentos originales o sus fotocopias que hayan sido expedidos por entidades públicas o particulares, siempre y cuando aquellos reposen en sus archivos. Con esta medida, y salvo casos excepcionales, se elimina la autenticación de las copias de documentos de identidad y certificados de estudio, los cuales son exigidos con frecuencia por distintas entidades de los sectores público y privado, sin embargo, estas tendrán la potestad de adelantar tareas de control y verificación de dichos documentos. En el mismo sentido, se suprimió el requisito de imponer la huella dactilar en todo documento o actuación que deba presentarse en entidades oficiales o privadas que cumplan funciones administrativas.

      De forma excepcional, el requisito de la huella podrá solicitarse, entre otros casos, para adelantar gestiones relacionadas con servicios financieros de entidades públicos, trámites de visa y pasaporte, cesión de derechos, otorgamiento de poderes, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, escrituras públicas, pensiones y autorización para salida de menores del país. En cualquiera de los casos, la captura de la huella deberá hacerse por medio de un sistema electrónico.

      Trámites saludables

      A partir de ahora los usuarios podrán solicitar vía Internet las citas para medicina general y odontología, mientras que la entidad a la que se encuentre afiliado el paciente deberá asignar la cita dentro de los tres días siguientes a la solicitud; mientras que a partir del año 2013 la sola presentación del documento de identidad será suficiente para acceder a los servicios de salud. Además, serán los empleadores y no sus empleados enfermos o convalecientes quienes se encarguen de tramitar las incapacidades médicas laborales.

      Por César A. Muñoz Vargas

      http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/abece-sobre-los-tramites-inutiles-que-por-fin-se-acabaron-en-colombia-52818

      Todos tenemos gran responsabilidad en asegurar que estos momentos positivos no produzcan los resultados de siempre: más concentración de los beneficios del desarrollo en grupos de altos ingresos.

      En medio de la euforia que vive el Gobierno y los empresarios, por los buenos resultados de la economía, es pertinente resaltar temas impostergables, los pendientes del 2012 para el Gobierno, el sector productivo y los ciudadanos. Todos tenemos una gran responsabilidad en el proceso de asegurar que estos momentos positivos no produzcan los resultados de siempre: más concentración de los beneficios del desarrollo en los grupos de altos ingresos, mientras los costos los asumen los pobres de toda la vida y los nuevos pobres: las clases medias.

      Se debe moderar la euforia. No hay un analista internacional que no vea el 2012 como un año difícil e impredecible.

      Y así no se quiera reconocer, si la Unión Europea no resuelve su crisis y Estados Unidos sigue con un crecimiento muy lento, es imposible que esos resultados no toquen a un país como Colombia, cuyos principales mercados de exportación siguen siendo estos países.

      Cautela debe ser la respuesta a la incertidumbre, palabra que retumba en todos los escenarios internacionales.

      Se sugieren los siguientes temas como impostergables: para el Gobierno: ejecutar, limpiar y distribuir; para el sector productivo: contratar, formalizar y pagar impuestos; para los ciudadanos: vigilar, denunciar, cumplir la ley y pagar impuestos, en especial los individuos ricos.

      Gobierno: ejecutar. En agosto del 2012 entra al tercer año de administración, que constituye la última oportunidad para poner a funcionar eficientemente el aparato estatal antes de que el clima electoral enturbie el escenario. A estas alturas debe identificarse por qué ha sido particularmente lento.

      Se habla de muchísimo dinero sin ejecutar, tema que el Gobierno debe aclarar. El miedo no es excusa si se tienen funcionarios correctos, y si esa no es la situación pues bótenlos, ¡por favor!

      Limpiar. El país está saturado de escándalos de corrupción que terminan en meros anuncios del Gobierno, pero que no se traducen en individuos pagando por ellos. No más denuncias, sino acción, señores del Gobierno.

      Distribuir. No pueden seguir hablando sólo de reducir pobreza. Claro que es una meta deseable, pero no suficiente.

      Miren a Chile, donde le dieron mucho a los pobres, pero más a los ricos, y la consecuencia ha sido la pérdida de gobernabilidad. No se equivoquen, la distribución empieza por un sistema impositivo justo, donde los individuos ricos paguen altos impuestos, que es precisamente lo que aquí no sucede. Si siguen postergando una verdadera reforma tributaria que incremente el peso de impuestos sobre el PIB no habrán cumplido con este impostergable.

      Las limosnas no son suficientes, se requiere que también se acaben los subsidios a los que no los requieren y menos cuando la economía esta creciendo.

      Sector productivo: contratar.

      Esta es su gran responsabilidad social, no dar premios o dádivas, sino generar empleo y contribuir a que sea productivo, reentrenando trabajadores, educándolos, ayudando a su cuidado que tiene que dejar de ser responsabilidad únicamente de las mujeres.

      Formalizar. Pero no se trata de contratar de cualquier forma. Colombia tiene un código laboral que este sector se pasa por la faja en el área rural, sin duda, pero también en el sector urbano. Ahora bien, si el Gobierno lo hace, ¿qué se puede esperar de los demás?.

      Ojalá el Ministerio de Trabajo tenga éxito y no se quede sólo en anuncios de acabar con la contratación paralela y con las famosas Cooperativas de Trabajo Asociado que hasta las grandes empresas nacionales utilizan.

      Pagar impuestos. Se creía que las empresas cumplían con sus impuestos, pero el director de la Dian ha denunciado que muchas le hacen conejo a esta entidad. Esa, señores empresarios, es su verdadera responsabilidad social y no tratar de sustituir con migajas lo que no hace el Estado.

      Nunca tendrán ni los recursos ni la forma de hacerlo. Lo privado es lo privado y lo público es lo público.

      La ciudadanía: vigilar. Ahora que para bien del mundo la protesta ciudadana se ha despertado, sobre todo los jóvenes y las clases medias, Colombia no se puede quedar atrás, porque finalmente ya se ha empezado a legitimar esta valiosa forma de expresión.

      Pero para que esta vigilancia funcione las instituciones del Estado deben tener mecanismos para responder.

      Denunciar. ¿Alguna vez han tratado que alguien en el Estado les responda por abusos de los comerciantes? Si usted no termina en la cárcel es porque tiene mucha suerte. No basta con esa costumbre de hablar en los pasillos. Es fundamental denunciar y que el Estado responda adecuadamente. Unos actos ejemplarizantes, especialmente si se trata de denuncias de personas fuera del círculo de poder en Colombia, serían un gran estímulo para que la ciudadanía cumpla con este requisito.

      Estados Unidos es un buen ejemplo: en un almacén el sólo requerimiento del supervisor por parte de un cliente causa tal pánico que se resuelve de inmediato el problema.

      Cumplir la ley. Parece mentira, pero esto no sucede en Colombia.

      La cultura ciudadana es pasajera, pero la del vivo que la viola sigue como norma. En lo único que se percibe un cambio es que empieza a verse temor a manejar con tragos, gracias a la inteligencia vial. Buena campaña.

      Y esto cubre desde pagarle lo que toca a las empleadas domésticas hasta pagar impuestos.

      ¿Será posible tanta belleza?

      Cecilia López Montaño

      Ex ministra de Agricultura y ex senadora

    n Política

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