lunes, 5 de marzo de 2012

Se ha calculado en 20 billones de pesos el costo que tendrá para el país el pago de las pensiones privilegiadas que reciben y seguirán recibiendo magistrados, congresistas y funcionarios, si la Corte Constitucional no le pone freno al abuso.

Los nueve magistrados de esa Corte tienen en sus manos la posibilidad de que ese asalto a los dineros públicos continúe, o se frene de una vez. Pero no lo han hecho en los diez meses anteriores y es posible que, amparado en su silencio, el saqueo de los privilegiados continúe.

Los magistrados no actúan porque, hacerlo, sería ir en contra de sus intereses. Cuatro de ellos así lo manifestaron al declararse impedidos.( Cuando se aprobó la Ley 4 de 1992, ninguno se declaró impedido). Uno, porque afectaría la pensión de su padre, un excongresista; otros dos, porque esperan una pensión privilegiada.

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04/03/2012 - 08:02

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